En Colombia él que la hace casi nunca la paga. Y los poquitos que la están pagando, podrían quedar en libertad.
Colombia es un país donde la impunidad reina, en el cual la policía invierte millones de pesos y horas de trabajo de inteligencia para capturar criminales de toda índole, y en cuestión de segundos todo se va a la basura gracias un fiscal o a un juez de garantías.
Cómo es posible que en el país de la motosierra, del sicariato, del narcotráfico, de la violencia doméstica y de un sin fin más de crimines violentos, no existan penas ejemplares que por lo menos obligue a los violentos a pensar dos veces antes de cometer un crimen. Los fiscales y sobre todo los jueces, se inventan un sin número de excusas para no mandar a los violentos a las cárceles. Que fue su primera ofensa, que tiene estudios universitarios, que no lo arrestaron en flagrancia, que tiene gripa, que tiene plata, que realmente no quería cometer el crimen, y que ya confesó todo, son algunas de las razones más utilizadas para dar casa por cárcel, para rebajar las penas drásticamente o simplemente para no formular cargos y dejar libres a los criminales.
Veamos el caso de Samuel Viñas, el empresario barranquillero que asesinó a su ex esposa Clarena Acosta. Este crimen está en corte y este señor pasa las noches en la cárcel, sin embargo algo curioso ocurrió al inicio de este proceso. Después de haberle propinado dos tiros a su esposa o ex esposa, estaban en proceso de separación, Samuel Viñas llamó a la policía y confesó el crimen. Sin embargo, el fiscal décimo de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía lo dejó en libertad a la noche siguiente. Las razones de esto según este brillante fiscal es que: “Viñas fue el que llamo a la policía para entregarse, confesó el crimen y tiene toda la disposición para colaborar con la justicia, y además sobre el no pesa ninguna medida de aseguramiento”. ¿Pero qué clase de fiscal es este? ¿En qué país civilizado del mundo se deja en libertad a un asesino porque se entrego a las autoridades? ¿En qué realidad vivimos que cuando un asesino se compromete a cooperar con resolver el crimen que él mismo cometió, se le felicita con la libertad? Pero por favor ¿donde están los derechos de Clarena Acosta y de su familia?
Casos como este hay millones en Colombia, donde la ineptitud y/o corrupción de nuestros fiscales y jueces dejan en libertad a personas sin ni siquiera ir a juicio. Y donde la ley está tan mal escrita que da para un sin fin de interpretaciones. Se necesita una reforma judicial urgente.
Ahora hablemos del caso del borracho de Bogotá. Fernando Abello, conduciendo bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad ocasiono la muerte de dos personas. No voy a entrar en detalles del accidente, pero si voy a comentar la decisión de la Juez 39 de Cundinamarca, que en su inmensa sabiduría le otorgó casa por cárcel a Abello. Las razones de la juez son simples: “Abello no tiene antecedentes penales, por lo tanto no representa un peligro para la sociedad”. Pues déjeme decirle señora juez que una persona que maneja en estado de embriaguez, a gran velocidad y que acaba de matar a una persona y enviar a otra al hospital que murió a los pocos días, ¡SI ES UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD!
Solo queda preguntarnos ¿Qué clase de formación tienen nuestros jueces y fiscales? ¿Será que nuestros fiscales y más que todo nuestros jueces son muy corruptos, o nadie les ha ensenado que es el sentido común? ¿O será que se necesita una reforma drástica al sistema judicial para que de una vez por todas se dejen de interpretar la ley a su gusto? Me inclino por todas las anteriores.
Leyendo el editorial de El Espectador de hace unos días titulado Una Decisión Censurable, me hizo reafirmar mi idea de que a pesar de tener corruptos en el Ejecutivo, y tener un Congreso podrido de mafias y roscas, la rama judicial es de lejos la que peor cumple su función. Quiero resaltar partes del mencionado editorial:
El magistrado de la Sala Laboral, Luis Javier Osorio, reveló que alguien lo abordó para ofrecerle cuotas burocráticas en la Fiscalía, si apoyaba el nombre de la doctora Margarita Cabello como futura Fiscal. Cuando fue requerido por los medios, dijo no saber el nombre de tan peculiar interlocutor, pero la denuncia quedó hecha. A su turno, un ex candidato a Fiscal confirmó que recibió mensajes de un magistrado de la Sala Laboral, en el sentido de que si se comprometía a nombrar un Vicefiscal de su gusto, obtendría su voto y los de algunos de sus colegas.
…resulta preocupante la decisión que por mayoría adoptó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que no se denuncie ante las autoridades competentes esos intentos de soborno, que de haberse presentado podrían comprometer inclusive a algunos de los propios magistrados que sospechosamente habrían votado para que no se investigue nada.
Pero si fue insólita la determinación de no instaurar formalmente la denuncia penal, igualmente lo fue que a renglón seguido la propia Corte, también por mayoría, hubiese decidido mantener en reserva los nombres de quienes apoyaron tan inaudita omisión de denuncia. Extraña forma de enfrentar y combatir la corrupción. No sólo no se denuncia, sino que se impide conocer quiénes fueron los que sacaron adelante la inusual propuesta.
Mientras la Corte Suprema de Justicia en el pasado reciente sancionó penalmente a los autores de la llamada yidispolítica, precisamente por recibir canonjías a cambio de los votos parlamentarios en favor de la reelección, y lo sigue haciendo en el caso de la parapolítica, asombra que ahora por mayoría exigua, la Corporación hubiese decidido echarle polvo a hechos similares que de una u otra manera, si acaecieron, debieron tener ocurrencia en sus propios pasillos y en las narices de algunos magistrados.
¿Cómo pedirle a nuestros jueces que cumplan su trabajo si los encargados de manejar la rama judicial se comportan con un nivel insensato de politiquería, inconsistencia e incoherencia? Este país necesita una reforma judicial urgente. Espero que el Presidente Santos, a través de su Ministro de Interior, y con la colaboración de los jueces, logre sacarla pronto.
Para rematar una historia llena de impunidades, la senadora Piedad Córdoba salio con la idea de presentar ante el congreso un proyecto en él cual se pretende rebajar la quinta parte de las penas a los presos. Otro ejemplo claro de la línea pensante de que los victimarios deben tener más derechos que las víctimas. Esta senadora con su proyecto de ley lo único que pretende es dejar en libertad a los narco-guerrilleros, o como ella les dice, presos políticos. Y en sus palabras sabias la senadora concluye diciendo :
“La rebaja de la pena prevista en esta ley constituye una oportunidad para que sus beneficiarios se reintegren a la sociedad en un plazo más corto del inicialmente previsto por la justicia penal, haciendo realidad una de las principales finalidades de la pena, cual es la de posibilitar su resocialización”.
Ante semejante barbarie solo me queda preguntarme: ¿Y los derechos de las víctimas qué?
